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Economista con 25 años de experiencia profesional. Es Magíster en Gestión Pública, por la Universidad Complutense de Madrid, España (2001-2002). Tiene un Diplomado en el programa de Democracia y Participación Ciudadana, sobre elaboración de Proyectos por el Instituto Sueco para la Administración Pública (Estocolmo, 2007) y un Diplomado en temas de Sociedad Civil y Derechos Humanos por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (San José de Costa Rica, 2000). En su amplia experiencia profesional se ha desempeñado como como consultor y coordinador de proyectos internacionales de cooperación al desarrollo, estadísticas, análisis económicos, derechos humanos, acceso a la justicia, participación ciudadana, fortalecimiento de instituciones democráticas, democracia y buenas prácticas gubernamentales.

Inició su labor profesional en el Instituto Constitución y Sociedad en el año 1992 en la que participó como en Investigador del Proyecto «Análisis de la Economía Peruana» realizado para la Agencia Internacional de Cooperación del Japón (JICA) Perú, de agosto de 1992 a setiembre de 1992. Fue Investigador del estudio «Economía y Violencia» realizado para la Agencia de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (AID) Perú, de octubre de 1992 a marzo de 1993. Fue investigador del Proyecto «Gestión Municipal y Políticas de Juventud», realizado para el Centro Internacional de Investigación para el Desarrollo del Canadá (IDRC) Perú, de junio de 1993 a junio de 1994 y Miembro del equipo de consultores para la Agencia Internacional de Cooperación del Japón (JICA) Perú, de noviembre de 1994 a diciembre de 1994.

Trabajó en la Comisión Andina de Juristas desde el año 1996, hasta el 2009, en la que ejerció cargos como consultor internacional, investigador y finalmente coordinador del Área de Democracia. Ha sido redactor principal del balance sobre la situación de la democracia y los derechos humanos en la región andina desde el año 1998, hasta el 2009 para la Comisión Andina de Jurista. Ha publicado diversas investigaciones sobre democracia, justicia y carta democrática interamericana, entre otras publicaciones.

Tiene amplia experiencia de trabajo en el sector justicia con trabajos desde el año 1998 en Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. La experiencia alcanzada ha sido a través de varios proyectos impulsados por instituciones como el Alto Comisionado de Naciones Unidas, UNESCO, PNUD, Embajada de Canadá en el Perú, Embajada de Finlandia en el Perú, USAID, Carter Center, FOCAL de Canadá; entre otras. También es experto y conferencista en temas vinculados a justicia, democracia, buen gobierno.

Tiene experiencia como experto internacional en Centroamérica con intervenciones para Nicaragua y Panamá en proyectos de modernización de la justicia, impulsados por la Comisión Europea.

Ha sido observador del proceso electoral en Panamá (2006). Consultor de organismos internacionales como Unión Europea, USAID Perú y Ecuador (Fundación Esquel), Agencia de Cooperación Canadiense (ACDI), Unión Europea, UNESCO, Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Banco Mundial, Cooperación Japonesa JICA, IDRC-Canadá y AECI de España.

Ingresó al Tribunal Constitucional el año 2009 como Asesor de Procesos y Gestión Jurisdiccional, fue jefe de la Oficina de Proyectos. El año 2010 asume la Gerencia General del Tribunal Constitucional, hasta abril del 2013. Desde el año 2009 se encargó de ejecutar los proyectos con el PNUD, Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo.

Experto principal para la Asistencia Técnica Internacional para la implementación del Expediente Virtual en el Tribunal Constitucional de República Dominicana (Santo Domingo 2014-2015, 2016 y 2019).

En el Perú ha sido consultor para el Ministerio de Vivienda, APCI, JNE, Ministerio de la Producción (INNOVATE)

Fue Director Ejecutivo del Programa ACCEDE-Justicia, que se ejecutó en el marco de un contrato de Préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (2016-2018).

Finalmente, a través de concurso público bajo las normas del Banco Mundial (BIRF) Dirige el Programa EJE No Penal.